Luego de tres jornadas de debate oral y público en el que la fiscalía acusó a una mujer de haber usurpado una vivienda perteneciente a la Fundación viedmense “Creando Futuro”, culminó la instancia de producción de prueba y se realizaron, en la jornada de ayer, los alegatos de clausura. El veredicto se conocerá el próximo martes.
En primer término fue el Fiscal interviniente quien solicitó que se declare a la mujer responsable penal del delito de usurpación y se disponga el desalojo de la vivienda, que fue ocupada por ella en tiempos de pandemia, cuando la Fundación había suspendido las actividad presencial que allí se desarrollaba.
No obstante ello, el Fiscal fue claro al destacar que “nunca quisimos llegar a juicio con este caso” explicando cada una de las salidas intermedias que buscaron para solucionar pacíficamente esta situación. “Hicimos 15 audiencias anteriores a este debate, quisimos realizar criterios de oportunidad e incluso aplicamos una suspensión de juicio a prueba. Todo ello no pudo materializarse porque la señora tenía la obligación de entregar la vivienda y nunca lo hizo”.
“Como fiscal hubiera preferido resolver esta causa y la situación que la produjo, pero no ha sido posible a pesar de nuestra voluntad que incluso llegó al limite de involucrarnos en la gestión de subsidios con las áreas de Desarrollo Social”, dijo.
Añadió que la defensa “no acreditó -como había adelantado- el estado de necesidad de la mujer”, ni que ella hubiera ingresado con llave sin cometer delito alguno a una vivienda que “es propiedad de la fundación Creando futuro y a la que ingresó a mediados de 2020 tal como ella misma admitió y corroboraron testigos”.
Los testigos en juicio corroboraron qué actividades se desarrollaban allí, dijeron que en un primer momento la vivienda era cuidada por una pareja que tuvo problemas de convivencia con los vecinos del lugar y que, cuando ellos se fueron, se pusieron candados que fueron dañados para poder ingresar, en plena instancia de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a partir del brote de coronavirs.
“La mujer despojó de la posesión pacifica que ostentaba la organización y desde ese momento, hace tres años, se encuentra viviendo en el lugar a pesar de todos los intentos por parte de la fiscalía. Por ello pedimos que se la declare responsable del delito de usurpación y se ordene el desalojo”.
Seguidamente desarrolló su alegato la defensa pública que negó que en el momento en que la mujer ingresó, funcionara allí la institución y dijo que -junto a sus hijos- lo hizo de día. “No se produjo el ingreso en clandestinidad y la vivienda estaba abandonada, el tipo penal protege la posesión y tenencia, no habla de la propiedad”, aclaró.
“La señora no tenía donde vivir y se contacta con quien tenía a cargo el cuidado de la vivienda e ingresa a ella junto a sus cuatro hijos de día, no hay aquí avance violento contra la vivienda. Ingresó con la llave a un departamento que estaba destruido”.
Desarrolló en esa línea su alegato, destacó el estado de necesidad, negó que se hubiera probado la rotura de candados y rejas (hecho que sucedió después de que la mujer estuviera adentro) y finalmente pidió la absolución de su defendida.
La lectura del veredicto por parte del juez de juicio que encabezó el debate se realizará el próximo martes 16 de abril a las 8:30 horas
