A 11 años de los crímenes del Alto de Bariloche, piden a la Corte se expida al respecto

El FdT presentó un proyecto de Comunicación dirigido a la CSJN para que resuelva los recursos interpuestos que impiden que las condenas a los ex policías acusados se hagan efectivas.

Hoy, 17 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la violenta represión en los barrios del Alto de Bariloche, en la que fueron asesinados dos jóvenes manifestantes a manos de personal policial, quienes reclaman por el crimen producido en la madrugada de ese mismo día de otro muchacho del mismo sector.

A 11 años de aquella fatídica jornada, el bloque del Frente de Todos presentó un proyecto de Comunicación dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando el tratamiento y resolución de la causa caratulada “VEROIZA, FIDEL Y OTROS S/OMISIÓN FUNCIONAL, HOMICIDIO Y LESIONES – Expedientes CSJ SECRETARÍA Nº 3: 000724/2020-00-, 000709/2020-00- y 000720/2020-00-” expediente en el cual se investigan aquellos hechos, a fin de concretar el pedido de justicia de los familiares de las víctimas.

Ese día, cerca de las 4.30, el cabo Sergio Colombil mató por la espalda a Diego Bonefoi, un adolescente de 15 años. Luego, durante la movilización popular en repudio de ese crimen, otros dos jóvenes, Nicolás “Nino” Carrasco, de 16, fue muerto pasadas las cuatro de la tarde frente a la comisaría 28 y Sergio Cárdenas, de 29, padre de dos hijos, murió por el impacto de una bala de plomo aproximadamente una hora después.

Durante las audiencias de formulación de cargos, la pericia demostró que no hubo armas en poder de los manifestantes, y que en una zona delimitada, en cercanías de la unidad policial, un grupo de uniformados –registrado en imágenes- utilizó munición de plomo, dejando el saldo de los dos muertos mencionados y de otros cinco heridos de consideración, de un total de trece que fueron asistidos ese día.

También se corroboró que en la represión intervinieron no menos de 76 efectivos policiales, veinte de ellos de la ex brigada especial BORA, que estimativamente realizaron en total cerca de 1.100 disparos, a razón de 15 cajas de cartuchos cada dos horas. Enfrente, había unos 27 jóvenes arrojando piedras.

Se trata de la represión más brutal que vivió la ciudad en su historia. La violencia desatada mantuvo en virtual estado de sitio a Bariloche por 48 horas y puso en foco un aparato represivo, especialmente a la Secretaría de Seguridad y a la Jefatura de la policía provincial de aquel entonces.

El ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Miguel Saiz, Víctor Cufré, los jefes policiales, Jorge Villanova y Argentino Hermosa, y los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo, fueron encontrados culpables de los hechos, pero ninguno cumplió hasta ahora condena efectiva.

Los jueces Marcelo Barrutia (presidente del Tribunal), Emilio Riat, y Juan Lagomarsino dieron por probados los hechos descritos por la Fiscalía y las querellas y resolvieron condenar por unanimidad a 4 años de prisión efectiva e inhabilitación por 8 años para ejercer cargos públicos a Cufré, Villanova y Hermosa, encontrándolos responsables de “homicidio culposo” e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una pena similar recibieron los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo, sindicados como los autores del crimen de Sergio Cárdenas, al ser identificados como integrantes del grupo del cual partieron los disparos con postas de plomo. Todos siguen libres debido a las apelaciones y recursos interpuestos en las diferentes instancias judiciales.

Sólo Colombil, quien mató a Diego Bonefoi, cumple su pena, mientras que la causa por la represión criminal sigue en consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual aún no se ha expedido.

“Los familiares y amigos de las víctimas han luchado por la justicia de manera incansable todos estos años. Su pelea ha generado no sólo el impulso necesario para el enjuiciamiento y condena de los responsables, sino que también han creado memoria y conciencia en la sociedad barilochense”, expresaron los legisladores.

“De manera pacífica y tenaz han seguido reclamando; es necesaria una rápida r esolución del caso, para llevar paz a las familias y amigos, para restaurar la confianza en las instituciones, principalmente en el Poder Judicial y para que la justicia se efectiva y reparadora”, concluyeron.