Violencia de género: La Defensa Pública como actora relevante

Publicado el: 4 de septiembre de 2017 | Por:

Del grupo de Defensores Oficiales que componen el Ministerio Público, una parte de ellos trabajan en la Defensa de los Derechos de Familia, creada especialmente para la atención judicial y asesoramiento de casos que impliquen el abordaje de situaciones acaecidas en el ámbito familiar como lo es la violencia contra las mujeres.

Son sus referentes quienes se ocupan de la atención de mujeres víctimas de violencia de género, que llegan a la Justicia buscando quien las ayude a poner fin a un padecimiento que se genera en el seno de su propio hogar.

En la primera Circunscripción, Mariela Pape, Cecilia Cabello, Dolores Crespo y Gabriela Sánchez son quienes tienen la función de ejercer dicha defensa a través de herramientas que procuran, no sólo darle fin a una situación de violencia puntual a través de diversas medidas cautelares, sino además empoderarlas para que puedan modificar las circunstancias en las que viven, con el objetivo de evitar que esos hechos se repitan en el futuro.

En este sentido, es importante destacar que, según datos recabados por el área de estadísticas de la Procuración General, del 80 por ciento de las causas que atiende la Defensa Pública son iniciadas por mujeres, lo que denota la mayor vulnerabilidad que viven, subsumidas en la gran mayoría de los casos a una economía manejada por los hombres.

En la actualidad -explica la Defensora Mariela Pape, “hay más mujeres que denuncian y que conocen sus derechos, por ende buscan asistencia para poder iniciar un proceso judicial con la correspondiente contención y asesoramiento. Allí es donde interviene el Defensor Oficial haciendo efectivo esos derechos y peticionando las medidas que correspondan de acuerdo al caso concreto”.

Agrega la Defensora, que la ley de violencia familia exige la gratuidad de estos procesos, por ello las víctimas de violencia tienen derecho a la intervención de la defensa oficial, no importa cuál sea la situación económica de las mismas. Y siempre pueden acudir a la Defensoría o, en los casos en que acudan a denunciar en otras dependencias (como las comisarías o juzgados de paz) serán derivadas allí, en pos de la importancia que tiene que sean asistidas jurídicamente.

Dicha intervención comienza con el requerimiento al Juzgado de medidas cautelares que se determinan según cada caso particular y pueden ir desde la exclusión de la persona violenta del hogar, la obligatoriedad de hacer tratamiento, peticiones de custodia policial o requerimiento de rondas policiales para evitar que luego de la denuncia la situación se agrave.

En este sentido, es importante destacar que si la gravedad del hecho implicó lesiones de cualquier grado o desobediencia judicial a las primeras medidas dictadas, esta misma causa da inicio a un proceso penal y por ende pueden coexistir tanto en el Fuero de Familia, que busca evitar o detener el problema realizando un abordaje interinstitucional, como en el fuero penal que da una respuesta punitiva al accionar de la persona agresora.

Las primeras medidas son esenciales en la búsqueda de terminar con una situación que padece todo un grupo familiar, tanto la mujer como los niños. “La intervención es inmediata y en varios sentidos, el primer paso es dar aviso al servicio de asistencia territorial (S.A.T) que aborda a la personas desde lo psicológico y asistencial para que se inicie así un trayecto en el que se procure su contención”.

Se trabaja “en forma conjunta con Promoción Familiar, El equipo interdisciplinario del juzgado de familia o con nuestro propio servicio de asistentes sociales para que -desde su competencia- realicen un informe que nos orienten acerca de las medidas concretas a seguir en cada caso. Ellos toman contacto con el contexto familiar y realizan diagnóstico y abordajes que se suceden a lo largo de todo el proceso y mientras duren las causas que dieron inicio al mismo. Además trabajan para conocer, con el correr de los días, cuál es la evolución del grupo familiar y si es necesario seguir interviniendo”.

“La intervención de la Defensa Pública se da desde que se realiza la denuncia y continúa durante los tres meses siguientes en los que están vigentes las medias que se dicten, tal como lo prevé la Ley 3040 de Violencia Familiar. Las mismas pueden prorrogarse si la situación de violencia no cesa. Durante ese lapso se trabaja para que se inicien diversos dispositivos a través de instituciones estatales con las que nos comunicamos de forma ágil, sin formalidades conforme la urgencia que se requiere”.

En este sentido destacó que los resultados son, en la gran mayoría de los casos positivos, evitando que sea necesaria una prórroga en el tiempo de intervención y el mantenimiento de las medidas.

“Las víctimas quieren terminar con esa situación en la que están inmersas y que muchas veces no pueden manejar, por ello se trabaja en la apertura, desde lo jurídico, de espacios terapéuticos que empoderen a la víctima y que traten la situación de quien agrede lo que resulta más difícil porque no aceptan nada”, remarcó.

Las mujeres “piden generalmente urgente atención para el agresor que en la gran mayoría de los casos es el padre de sus hijos por lo que la violencia no termina aunque el hombre se vaya de la casa, por ello es tan importante el abordaje del equipo interdisciplinario y poder dar herramientas a la víctima para que sepa enfrentar posibles situaciones futuras”, finalizó Pape.

 

 

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