“Ha cometido uno de los delitos más aberrantes y detestables, de aquellos que afectan a la víctima en el momento en que los padece y en sus próximos años de vida, por ello vamos a pedir la pena de 12 años de prisión”.
De esta forma comenzó la Fiscal Adjunta Mariana Giammona, sus alegatos en la audiencia de cesura contra un hombre que había sido encontrado culpable de abuso sexual reiterado en contra de la hija de su pareja cuando la niña era menor de 15 años.
La Fiscal adjunta destacó que los abusos se extendieron en el tiempo y se realizaron de forma periódica y que debía considerarse como agravante la situación de confianza que unía a la víctima con su agresor. “Sabía el lugar que ocupaba en la familia, lo primero que hizo fue ganarse la confianza luego de lo cual comenzó con los ataques”, dijo.
Mencionó Giammona como otros elementos de gravedad la edad de ambos, la relación de confianza que los unía, el rol que el condenado ocupaba en la familia y la extensión del daño causado. Además, se valoraron las condiciones personales del imputado como sus condiciones de vida y costumbres.
“La víctima no podía tener precaución, ni ejercer defensa por la relación que los unía y porque su edad le impedía entender lo que estaba viviendo y las consecuencias que ello traería aparejado en su futuro desarrollo sexual, cuya libertad para ejercer le fue arrebatada”, destacó la Adjunta quien integró la acusación junto al Fiscal Jefe, Hernán Trejo.
Agregó que el hombre “ejerció una estrategia de impunidad al aprovechar momentos en que la mamá de la niña no estaba, cuando dormían o cuando quedaba al cuidado de ella, todo esto para no ser advertido”.
En relación al daño causado, la Fiscalía consideró que no hay otra opción que agravar la pena; y mencionó como única atenuante la falta de antecedentes penales de quien se encuentra condenado desde finales de mayo y cumpliendo prisión preventiva en el Complejo Penal de Viedma, hasta que la pena obtenga firmeza.
Con este elemento comenzó el alegato del Defensor Oficial Pedro Vega, que adelantó al Tribunal que impugnará el veredicto de culpabilidad y que requeriría hoy la pena mínima prevista de 8 años de prisión.
Cuestionó las “manifestaciones de la fiscalía, muchas de las cuales son valoración de prueba que ya fueron materia de discusión durante el debate”, adelantando que se referiría sólo a lo que trascienda a ello.
Además, manifestó que debe mensurarse la pena teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron antes de la aprobación de le ley 27.352 que modificó el Artículo 119 del Código Penal relativo a delitos contra la integridad sexual, por lo cual debe juzgárselos en relación a los parámetros anteriores a dicha sanción “por el principio de irretroactividad de la ley penal”.
Valoró también la falta de antecedentes y destacó, antes de solicitar 8 años de prisión, que no habían sido acreditados en debate “los padecimientos actuales de la victima”, por lo cual no debían ser considerados como elemento para determinar la cantidad de años que el hombre estará privado de su libertad.
Antes de finalizar su alegato expresó su preocupación ante los dichos de la fiscalía respecto a una pena ejemplificadora que sirva a modo de “prevención general”. “No es esa la finalidad de la condena, sino de la norma penal en abstracto”, explicó.
El Tribunal conformado por los jueces Guillermo Bustamante, Daniela Zagari e Ignacio Gandolfi ofreció la palabra al imputado que sólo reiteró el pedido de una pericia psicológica que ya había efectuado de forma extemporánea (tal la consideración del órgano) y adelantó que dictará sentencia durante los primeros días de la semana próxima.
