Vaivenes de una causa judicial de usurpación con falsificación de documentos

Publicado el: 8 de junio de 2018 | Por:

La propiedad en la chacra ubicada sobre el kilómetro 14 de la Ruta 1

 

 

Varias audiencias se desarrollaron por una denuncia realizada en febrero de 2015 sobre una estafa consumada por parte de dos personas que habían vendido una chacra camino a El Cóndor y luego alegando que no había sido pagada, 10 años después hicieron que una escribana falsifique documentos que permitan la maniobra delictiva. De la pareja imputada, la mujer es trabajadora judicial.

Un derrotero judicial, así define Gustavo Gilardi a la situación a la que se ve expuesto en una causa que debió haber avanzado hace ya bastante tiempo, pero las dilaciones en cuanto a resoluciones concretas en el proceso no hacen más que generar sospechas para con el sistema judicial que al parecer protegería a uno de los suyos.

La causa, que el lunes sumará una nueva audiencia en el Poder Judicial de Rio Negro, comenzó con una denuncia realizada en febrero de 2015 donde Gilardi se constituyó como parte querellante contra Silvina Joelson (Empleada Judicial) y Ruben Ventura. La caratula es por “usurpación”, después se sumó como imputada a una escribana por falsificación de documento.

En la primera audiencia, el fiscal Corvalan promovió acción contra los imputados Joelson y Ventura reuniendo elementos probatorios y peticionando la indagatoria de los mismos. El entonces juez Fabio Igoldi, llamo a una declaración explicativa y a `posteriori los fiscales consideraron que los hechos no constituían un tipo penal. El juez Carlos Mussi dicto el sobreseimiento de los imputados, la querella apeló esa resolución judicial.

Los jueces de la Sala “A” de la Cámara del Crimen declararon la nulidad del sobreseimiento y ordenaron “investigar y adecuar, si correspondiere, los hechos”, esa audiencia se concretó el 26 de junio de 2017. Esa resolución fue apelada por la Defensa Publica de Ventura y la defensa privada de Joelson. Finalmente, en una audiencia pública, el juez Adrian Dvorzak resolvió confirmar el fallo de Cámara, fue el 1 de julio de 2017.

“El 02 de noviembre de 2017 (solo un día después del fallo confirmatorio de la nulidad del sobreseimiento) la Fiscal Adjunta Pasarelli, en total desapego y arbitrariedad para con la actividad jurisdiccional desplegada (Cámara penal y juez de garantías), sin siquiera proveer prueba ofrecida por la querella, y dar una respuesta razonada (fundamentación de la desisión), desestima la querella”, explicó Gustavo Gilardi, parte damnificada de esta causa.

La querella, dentro de los plazos que determina el artículo 129 del Código Procesal Penal, interpuso un recurso solicitando al fiscal la revisión de la desestimación respecto de Ruben Ventura y Laura Joelson, solicitando revoque la decisión cuestionada y disponga la sustitución de fiscal para que continúe la investigación conforme mandas judiciales, complejidad y medidas esenciales pendientes de producción que no fueron ni siquiera analizadas por la Fiscal Adjunto. Desde la querella entienden que se ha perdido la imparcialidad y objetividad conforme la manda prevista en la constitución provincial.

 

Se Interpuso un recurso de queja, a fin de que se cumpla con la manda judicial y ordene considerar la nulidad de la desestimación de la querella respecto de Rubén Ventura y Laura Joelson, ordenada mediante resolución de fecha, pero el juez no tenía competencia para anular la decisión del fiscal adjunto, según la audiencia del 13 de enero de 2017.

El damnificado aseguró que “si el Ministerio Público Fiscal investigara, como han dispuesto los fallos de Alzada, advertiría que los imputados mediante engaño y clandestinidad despojaron a mi parte de la posesión del lote, contando para ello con la participación necesaria de la escribana actuante Cecilia Leiva que otorgara la escritura Nª 260 (27/08/2014), mediante la cual aquellos concluyeron siendo titulares dominiales del bien inmueble usurpado”.

Gilardi dejo en claro que “es precisamente en esa escritura donde, a título de antecedentes, extremo confirmado por la prueba personal rendida, declaración testimonial en sede penal; se evidencia la posesión de mis mandantes, mediante la escritura Nº 68 de cesión de derechos a su favor otorgada en fecha 15 de julio de 2004 por la misma escribana Leiva respecto del mismo inmueble –cfr. Esc Nº 260 mencionada en los antecedentes de la escritura Nº 68”.

“Y digo participaron necesaria de la escriban porque para salvar el obstáculo de dicha cesión no trepida en aniquilar sus efectos jurídicos alegando que ha operado el plazo extintivo de la acción civil –a pedido de la imputada Joelson– respecto de los derechos que resultan objeto de la misma, lo que así consigna absurdamente en el acto escritural”, explicó Gilardi.

Para darle más fundamento a su planteo, el damnificado Gilardi dijo que “la escribana es abogada y sabe que no puede rescindir un contrato inaudita parte, a pedido de los imputados, lo que evidencia su convergencia intencional, sin pasar por Tribunales (sentencia judicial que así lo declare previamente) y sin notificarnos (ya que sabía que somos propietarios del bien y que nos perjudica con dicho accionar)”.

“Y esto último es demostrativo del medio comisivo del despojo, que no es otro que la clandestinidad. La clandestinidad consiste en que el despojo se lleve a cabo “ocultamente”, o con “precauciones”, de modo que el sujeto “pasivo” ignore los hechos. Los imputados fueron a ver a la escribana en cuestión y a fin de allanar el camino hacia la consumación del despojo idearon este mecanismo: Declararon inaudita parte, y con perjuicio de la sede judicial, que mis clientes no tenían acción derivada de un contrato que extinguieron “manu militari”, sin noticia alguna a estos a fin que ejerzan sus derechos”, resaltó Gustavo Gilardi quien aseguró que “consumaron el delito invadiendo el inmueble, ergo ello sucesión después de la firma de la escritura a fines del 2014, realizando a posteriori el despojo, cambiando aberturas y puertas del inmueble de los hermanos Gilardi”.

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