Río Negro participó del Consejo Federal de Justicia

Publicado el: 11 de septiembre de 2018 | Por:

El encuentro trató sobre asuntos penitenciarios, política criminal y acceso a la justicia, al finalizar la jornada se presentaron las conclusiones.

Con la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se realizó en San Martín de los Andes una nueva reunión plenaria del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), de la que participó la secretaria de Justicia de Río Negro, Betiana Minor y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cechini,  junto a ministros de Justicia y funcionarios de distintas jurisdicciones del país.

Garavano y Gutiérrez coincidieron en la importancia de trabajar cooperativamente entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Provinciales, y señalaron que es uno de los grandes desafíos que tiene por delante el país.

El funcionario nacional explicó que “el traslado de la U9 fue algo inédito, se concretó en menos de dos años de trabajo, muy pocas veces se logró hacer algo así. Y ese ha sido siempre el espíritu del
Gobierno Nacional: tratar de trabajar codo a codo con las administraciones provinciales que tienen mucha más cercanía con la gente, con sus necesidades, y así definir cuáles son las prioridades”.

En ese sentido Garavano subrayó que “esta colaboración entre Nación y Provincia es la forma de sacar a nuestro país adelante, reforzando la institucionalidad”.

Los temas que se trataron en las mesas fueron Protocolo de Intervención en Siniestros Viales, el Registro Nacional de Datos Genéticos y la presentación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID). Además se debatió sobre los programas que buscan luchar contra la violencia de género entregando dispositivos duales para casos de violencia de género y del fortalecimiento de los servicios penitenciarios provinciales.

El COFEJUS tiene como misión concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las provincias y el gobierno de la CABA para fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria. Tiene por objetivo proponer políticas que contemplen las problemáticas y particularidades regionales, desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones, establecer mecanismos de resolución de conflictos ágiles, impulsar la innovación y el adelanto tecnológicos, reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial, y efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.

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