Detenidos en el Complejo Penal 1 de Viedma piden se cumpla los tratados que les corresponden en cuanto a sus condenas. Muchos aseguran estar pasados de tiempo y que se le cortaron los beneficios por buena conducta producto del protocolo por el COVID-19.
Gustavo Alba, fue quien comenzó a contar la situación de varios detenidos alojados en el pabellón de conducta o autodisciplina, del Servicio Penitenciario en Viedma. “Todos los que estamos acá tenemos muy buena conducta, hacemos labores, estudiamos y hay muchos que están en la universidad. Hay gente que tiene la tobillera puesta por salidas transitorias”, contó Alba en una comunicación telefónica que pretendió reflejar el contexto de muchos detenidos en medio de la pandemia del COVID-19.
“Esto que estamos planteando no es a raíz de la pandemia. Sabemos que la sociedad tiene una mirada bastante cruel hacia nosotros y lo comprendemos porque hemos cometido delitos, pero acá donde estamos no hay personas con delitos sexuales, no hay personas por violencia de género y no hay personas con delitos graves que no tengan retorno”, resaltó y agregó que “todos los que estamos detenidos tienen delitos con penas relativamente cortas”.
“De 25 personas, 13 están en condiciones de irse a su casa, pero no solo con arresto domiciliario, sino porque la ley prevé que el detenido dentro de su buena conducta y con una progresividad del tratamiento, tenga el acceso a la libertad condicional o una libertad asistida, todo monitoreado con un vínculo cercano por el IAPL (Instituto de Asistencia a Presos y Liberados). Del 2019 veníamos peleando por esto y hoy se vuelve a plantear lo mismo, hace tiempo que lo veníamos reclamando”, contó Gustavo Alba, interno que se encuentra detenido y asegura tener una patología respiratoria y encontrarse dentro de las personas con prioridad para tener el arresto domiciliario. “los informes míos ya se han elevado y son todos favorables, estamos esperando que las autoridades tomen una determinación que sea coherente”, refirió y aseguró que “no es verdad que están largando a todos los presos, acá todos los presos que están pidiendo su libertad es porque ya están en tiempo de gozar esa libertad”, refirió Alba quien tiene su causa en el Juzgado de Ejecución N° 12 de Bariloche.
Otro de los internos, Sebastián Ramiro Méndez, contó que tiene a su hijo de 6 años con Leucemia. El interno afronta una causa de dos años efectivos de prisión y ya se encuentra en condiciones de acceder a su libertad condicional. “No me quedan recursos ni a mi abogado ni a mi” y tuvimos que llegar a este porque la jueza de ejecución no quiere trabajar”, puntualizó. La causa de Méndez, quien lleva 11 meses detenido está en el Juzgado de Ejecución N° 8 de Viedma.
La causa de Méndez es encubrimiento por hurto agravado. El preso asegura que la causa es del Código Penal anterior y fue condenado con el Código nuevo que rige en la provincia de Río Negro. “Tengo que llegar a poner a mi hijo en el medio porque es el que más me necesita”, contó el interno quien envió un certificado médico sobre la enfermad que tiene el niño de seis años.
Méndez contó que fue apuñalado y eso derivó en una intervención quirúrgica. “Me está pasando por venir a cumplir está condena y no tendría que estar en este lugar”, refirió el interno que tuvo una situación con detenidos de otra provincia hace tres meses atrás en el Penal 1.
Otro de los internos condenado por “lesiones gravísimas”, prefirió no dar su nombre para no recibir represiones. La causa está en el Juzgado N° 8, a cargo de Shirley Gonzalez. “Todas las falencias, todo lo que está pasando en este lugar es porque la jueza no firma nada, no aparece y brilla por su ausencia”, remarcó el preso que indicó que se encuentra con todos los beneficios. “Me costó un montón llegar acá, me encuentro con pulsera electrónica, tuve seis salidas transitorias, ahora tenían que evaluar mi nivel de confianza”, refirió el interno que tiene una pena de 8 años y 6 meses y lleva 5 años y 10 meses detenido. Pidió que se cumpla el artículo 18 y el 75 de la Constitución Nacional. “Pido lo que me corresponde, que me he ganado con esfuerzo, estudiando y trabajando”, aseguró el detenido que pide que la jueza de la cara y cumpla con la 24660 ya que no atiende a los abogados que le dicen que “la jueza no está atendiendo”. También remarcó que el Director del Penal no manda los informes, cada vez los encierra más temprano y les corta beneficios. El Consejo Correccional, también fue apuntado por no dar respuestas a los planteos de los internos.
“Hay gente que ha salido un montón de veces, hay gente que va a la universidad. Gente que ha estudiado y ha demostrado una responsabilidad a la hora de cumplir las pautas”
Jonathan Cruce, también contó su caso he hizo hincapié sobre la jueza de ejecución N° 8. “Estamos viendo por la tele que los demás jueces de la provincia de Río Negro, el Juzgado 10, el Juzgado 12 de Bariloche han descomprimido bastante las cárceles. La mayoría de los internos que han estado alojado en los penales de Bariloche como Choele Choel se encuentran sin un hisopado en la Unidad N° 1 en la cual estamos alojados nosotros. No tenemos control de temperatura y no hay nada”, remarcó y reclamo que “la señora jueza Shirley como el juez de Ejecución de Cipolletti cumplan con los comunicados que saca el STJ y el Procurador General que son bastante contundentes conformes a solucionar libertades condicionales asistidas. No se está haciendo hincapié al COVID-19, sino a lo que corresponde porque uno ya ha pagado lo que ha hecho malo en la vida”, remarcó Cruce.
“Acá no se está pidiendo nada con respecto al COVID-19, se está pidiendo que tramiten lo que tienen que tramitar y que los que hemos pagado nos vayamos con el beneficio de la libertad condicional y la libertad asistida”.
Otro de los que se expresó fue Julio Cesar Ardaiz quien se encuentra cumpliendo condena por haber asesinado al policía Andrés Lucanera, siendo uno de los casos más emblemáticos de los últimos años.
“Estoy en el grupo de riesgo porque tengo el 45 por ciento de mi cuerpo quemado, padecí la enfermedad tuberculosis, estoy preso de desde los 17 años y llevo 9, estoy pasado de mi transitoria, tengo buena conducta. Temó que me agarré la enfermedad, porque estuve en un incendio, mis pulmones están demasiado jodidos, me cuesta respirar”, detalló Ardaiz quien aseguró haber entrado en el grupo de riesgo para evitar el COVID-19.
“Me encuentro pasado de mi transitoria, a dos meses de mi libertad condicional, se me pidieron los informes correspondientes a lo que el Complejo Penal, con el director Acuña no están cumpliendo con los informes, ya me dio todo positivo los informes médicos, no se cumplieron los plazos de 24, 48 y 72 horas. Sigo detenido usando barbijo con la posibilidad de contagiar a mis compañeros”, refirió.
“Mi abogada es Patricia Arias, quien está moviendo los papeles, pero van muy lentos porque la jueza Shirley González no sé qué es lo que está haciendo. A este medio tuvimos que recurrir para que venga alguien y se fijen cómo estamos viviendo”, remarcó Ardaiz quien aseguró ya tener el lugar preparado en una pieza especial para no exponer a su familia.
Ricardo Fabricio Colman fue otro de los detenidos en el Complejo Penal de Viedma y sintetizo todo con una frase “no nos queremos morir en cana”, puntualizó y remarcó que “queremos que se aplique la conmutación de penas porque quienes nos hemos ido libres de culpa y cargo en diversas oportunidades tenemos que venir a pagar las condenas”.
Colman contó estar detenido por haber ido a comprar drogas y por sus antecedentes se le imputo un ilícito. “Nunca tuve formulación de cargos, supuestamente el fiscal que me tenía para la condena terminó renunciando a la causa. Renunciaron y tuvo que proceder el Ministerio Público Fiscal y me terminaron dando tres años por mis antecedentes”, refirió Colman quien fue imputado junto a otra persona.
“Predomina la ignorancia en el contexto de encierro porque hay muchos pibes que ya están pasados de los beneficios y están agotando casi condena, son primarios, no se los asiste y a la vez están propensos a salir con un ojo menos, una puñalada o un problema de salud porque esto se está yendo de las manos, también somos conscientes de la presión que se vive en el cambio de las unidades que ha generado el COVID-19″.
Lautaro Nicolás Guillermo Alan se encuentra cumpliendo condena por una causa de tres años efectivos. Asegura estar “pasado un año» de su libertad condicional y usa tobilleras. Todos esos beneficios se cortaron por el protocolo establecido por el COVID-19. El interno tiene 22 años y dicen estar peleando sus beneficios como corresponde.
“A la jueza nunca la vi, mi defensora no la he visto nunca, me negaron la condicional a los 8 meses y por un punto solo no me dieron el beneficio”, refirió el interno que es defendido por la Defensora Oficial Marta Ghianni y su causa está en el Juzgado de Ejecución N° 8 a cargo de Shirley González.
