Piden celeridad a la justicia para que los policías condenados por el caso Solano vayan a la cárcel
Los policías condenados en la causa Solano permanecen en libertad, percibiendo sueldos sin haber sido desafectados. Hasta que no haya una sentencia firme eso no sucederá, se pide celeridad al Poder Judicial de Río Negro. El de Daniel Solano no fue el único crimen sucedido en Río Negro.
Siete fueron los policías condenados a prisión perpetua que son aun miembros de la fuerza rionegrina. A pesar de la condena, la causa se encuentra sin sentencia firme, cuestión que deja en libertad a los condenados hasta que no quede firme la sentencia a través del pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Solo una suspensión preventiva por parte de la Policía de Río Negro para con los imputados es lo que actualmente está sucediendo, lo que no deja para nada tranquilos a familiares, amigos y gran parte de la sociedad rionegrina que quiere que la justicia sea efectiva y a través de un comunicado de prensa firmado por varias organizaciones dejaron en claro su postura.
“La justicia debe actuar con celeridad, más aún cuando se ve implicado el propio Estado en el crimen juzgado y condenado. Durante el desarrollo del juicio, los propios acusados e incluso otros miembros de la fuerza policial, intentaron amedrentar a testigos e incluso familiares de la víctima buscando instalar la impunidad y hoy condenados siguen en libertad poniendo en riesgo los procesos judiciales y sosteniendo el pacto de silencio, ese pacto que esconde el destino final del cuerpo de Daniel Solano junto con la complicidad empresarial y policial”, finalizó el comunicado de prensa.
Celeridad a la justicia
Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano contó en una conferencia de prensa realizada en Radio Encuentro sobre la causa que llevó más de 6 años y medio. Llegó a Viedma por cuestiones particulares, pero sobre el caso Daniel Solano manifestó que denunciará penalmente al fiscal Zornitta quien investigó las causas conexas con las causas de Solano y las tuvo paralizadas durante más de 2 años.
“Las causas conexas con la de Daniel Solano son importantes para demostrar cómo funciona el aparato policial y judicial”, expresó Aparicio quien informó que “en la causa comenzó la investigación el Fiscal Flores y la Jueza Bosco, quienes fueron denunciados el 18 de enero de 2012, pero se les permitió renunciar cobrando todas sus licencias, cuando deberían estar presos”, afirmó.
El abogado también apuntó contra Martínez Vivot y Bodrato, también denunciados por realizar una estrategia para enviar la causa a la Justicia Federal negando desaparición forzada, por lo que se perdieron dos años y medio en la investigación y también negándoles la posibilidad de bajar al Jagüel durante el mismo tiempo. Al respecto, Aparicio contó que “tenemos vídeos que están en YouTube donde se puede ver bajando la cámara al Jagüel en el mes de agosto de 2015 y también en el mes de febrero de 2018, ese Jagüel tendrían que haber estado tapado y precintado, estaba atado con alambres y chapas y se ven claramente las diferencias que hay adentro, es imposible que haya esas diferencias sin que nadie haya entrado ahí. Entiendo que es una maniobra que hicieron para permitir que se saque el cuerpo de Daniel Solano que todavía no apareció”.
“Pedimos a través de ustedes que se les exija celeridad al Superior Tribunal de Justicia para que se expida de una vez respecto de los recursos de casación interpuestos por los abogados de los policías detenidos; vamos a volver a pedir a bajar al jagüel a terminar una inspección final y requerir las causas conexas”, puntualizó Aparició.
Para el abogado, la policía de Río Negro tiene un estatuto que es inconstitucional y les permite seguir siendo policías hasta que haya una sentencia firme. “Está probado después de una sentencia en primera instancia que siete policías desaparecieron y asesinaron a una persona y cobran sueldo, siguen siendo policías y siguen portando armas, esa cuestión hay que modificarla, cómo puede ser que tengan ese poder”, remarcó Aparicio.
El de Daniel no fue el único crimen en Río Negro
Roque Peladillo y Andrés Cullebay fueron dos trabajadores que estaban trabajando en Expo Frut, al igual que Pedro Cabaña Cubas y Héctor Villagran quien debería haberse ido de la provincia en el mismo colectivo que debía partir Daniel Solano hacía el norte del país. Los cuatro fueron asesinados en la región rionegrina donde se supone llegaron para trabajar durante la temporada de cosecha.
“Hay muchos trabajadores asesinados de los cuales yo no conozco, hablo de los que sé, los que pude comprobar y los que están en causas judiciales que están obviamente paralizadas”, refirió el abogado quien pidió poner en evidencia ante la sociedad lo que está pasando.
Pedro Cabañas Cubas era un trabajador paraguayo y tras la denuncia de averiguación de paradero cuya investigación llevo a cabo el policía Berthe, la misma finalizó con el testimonio dado por una persona que dijo haber visto al paraguayo haciendo dedo en dirección a Neuquén donde se supone que partió a buscar mejor vida. “Aparecen testigos que dicen cómo los policías fueron a la precaria vivienda y se llevaron el celular. Pedro Cabañas cubas fue encontrado sin vida en una isla a 60 kilómetros de Choele Choel”, fundamentó según reza el expediente.
Andrés Cullebay fue encontrado ahogado al lado del río. “Tenemos testigos que han denunciado que fue apretada la médica del hospital de Lamarque porque Cullebay tenía golpes contundentes en la cabeza y la médica no quería firmar la autopsia. Está hecha la denuncia y está parada”.
El caso de Peladillo está en la Justicia Federal por “trata de personas”. “Son todos casos en los cuales intervenía “Expo Frut”, a través de “Agro Cosecha” o “Trabajo Argentino” o “Caminos al Agro”, son cuatro empresas que formaron y que fundieron los autores intelectuales del homicidio de Solano que son los hermanos Lapenta. Son traficantes de drogas, tratantes de personas y están imputados en la Justicia Federal de Roca por la denuncia que hicimos nosotros y hace cinco años que está esa denuncia ahí totalmente parada, entonces la inacción que estoy denunciado, es tanto de la Justicia Federal como la justicia provincial”, remarcó.
Un policía que encaja en el engranaje y está protegido
Aparicio señaló que hay otro policía que está involucrado contra el cual hay más pruebas que contra los que fueron condenados. “Me refiero a Tomas Vega, que es quien estuvo el día viernes en la oficina de “Agro Cosecha” cuando le pagaron a Daniel Solano, cuando lo estafaron a Daniel Solano en 1800 pesos y cuando estafaron a más de 260 trabajadores más; Vega estuvo la noche del boliche también identificado por tres testigos; estaba en la comisaria en la primera recepción de declaración de testigos y era el chofer de la brigada que investigada el primer mes la desaparición de Daniel Solano. Entendemos por qué no nos dejan llegar a Vega, porque llegando a Vega llegamos a “Expo Frut” y ese es el gran ausente acá, que se ha protegido que es “Expo Frut” cuyo CEO es actualmente embajador en Estados Unidos”.
Cómo funciona la red de explotación y desaparición de personas
Aparicio contó sobre la trama política de la región y del país que permite que exploten a trabajadores que son juntados en salones en Tartagal-Salta. “Les prometen determinada cantidad de plata, los meten adentro de un colectivo, los suben en Tartagal y ahí pasan por Orán. Adentro de ese colectivo ponen cocaína arriba de las luces (lo dicen los mismos testigos que iban arriba del colectivo que han declarado). Bajan en Faimallan, bajan en Córdoba, a los trabajadores los hacen salir durante 40 minutos y vuelven; no pueden usar los baños porque ahí también llevan cocaína y de ahí vienen hasta acá (Río Negro)”, explicó el abogado quien también contó que hay testimonios que cuentan cómo van durante dos horas hasta Orán.
“Cuando llegan acá los instalan en gamelas, les pagan poco y mal. En el tiempo que nosotros pudimos acreditar sabemos que la Secretaria de Trabajo recibe plata por parte de la Empresa Agro Cosecha”, resaltó y agregó que, “la abogada de la empresa Agro Cosecha, era la abogada que supuestamente defendía los derechos de los trabajadores, cuando iba un trabajador a reclamar ella le hacía un telegrama y después se lo contestaba a la tarde desde Agro Cosecha”, informó.
La abogada que lucraba con el derecho de los trabajadores fue quien también representó durante los 15 primeros días de la investigación a la familia Solano. “Esa abogada aportó todas las pistas falsas de desvío”, denunció públicamente.
Por último, Aparició declaró que el gobernador Weretilneck es el responsable de todo lo que está pasando, ya que en agosto de 2012 se sentó en la carpa y pidió que sacaran la carpa y terminen con el reclamo. “Le dijimos que no y a partir de ahí no tuvo nunca más contacto. Entendemos que él es el responsable de todo esto, el que ha permitido el encubrimiento, el que protege a los narcotraficantes y que protege a los tratantes de drogas, de ahí para abajo no sé quién, pero sé que es la responsabilidad del gobernador”, finalizó Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano.
