La violencia de género no se termina prohibiendo las excarcelares a violadores y asesinos

Publicado el: 23 de abril de 2017 | Por:

 

Por orden expresa de la ministra de Seguridad, a los familiares de las personas privadas de la libertad y a las organizaciones sociales se les prohibió la entrada a la audiencia pública en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que habían sido invitados. La sesión tampoco fue transmitida en vivo por el canal del Senado. Adentro, para su exposición Patricia Bullrich tomó los conceptos de “reconstrucción de la confianza” y “sensación de inseguridad” y apoyó la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que cuenta con media sanción en Diputados. También se mostró a favor de la prohibición de salidas transitorias y de la libertad condicional a personas condenadas por homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte, secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico.

“Se los va a resocializar con tratamientos individualizados para cada recluso. Una persona que tiene una condena más corta piensa que su tiempo de espera es corto. Cuando el tiempo de espera es muy largo, entonces el incentivo para no volver es mucho más grande”, dijo. Respecto de los delitos contra la integridad sexual no tendrán régimen de progresividad. “Lo votamos en 2011, después del asesinato de Soledad Bargna”.

En la Comisión expusieron el ministro de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, el juez de Ejecución Penal Marcelo Peluzzi, la antropóloga Rita Segato, el procurador penitenciario Francisco Mugnolo, Eva Asprella por el CELS y la criminóloga Claudia Cesaroni, entre muchos otros.

El colectivo Ni Una Menos presentó también su posición respecto del proyecto que busca endurecer las penas. La periodista Mariana Carabajal fue la encargada de leer el documento: “Queremos traer el debate que damos en las calles mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más y sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone. Creemos que dos años después de salir masivamente a las calles una y otra vez es hora de que llegue al Senado lo que se vive extramuros”.

“El femicidio de Micaela, como el de Chiara, Melina, Daiana, y las 329 jóvenes de 16 a 21 años que fueron asesinadas en los últimos nueve años son responsabilidad del Estado. En primer lugar no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde, el 80% del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación se va en ladrillos: con lo que a una necesidad real (la capacidad de resguardo y cuidado de quien debe salir del círculo de violencia machista) se la transforma en una respuesta que termina por considerarse erróneamente total cuando, como sabemos, es apenas una parte de un tratamiento integral al problema”.

“También existe un patrocinio jurídico que aun convertido en ley no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen que esta problemática es estructural. Y, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Ninguna mujer puede defenderse de la violencia machista si no puede sostener su autonomía económica y la soberanía sobre su cuerpo; pero de todo esto rara vez se habla”.

 

Fuente: Cosecharoja.org

 

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