La importancia del trabajo interinstitucional para garantizar derechos

Publicado el: 15 de noviembre de 2018 | Por:

Con la intención de generar un sistema de apoyo que otorgue igualdad en el ejercicio de derechos a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, la Defensa Pública rionegrina comenzó a articular un trabajo con diversas instituciones del Estado para consensuar de que aspectos se ocupará cada una de ellas, procurando complementar una atención integral.

El Defensor General, Ariel Alice a través de un primer contacto con los Ministros del Poder Ejecutivo, retomó el desarrollo de estas reuniones que incluyeron a referentes de los Ministerios de Desarrollo Social – en cuya órbita funciona el Consejo provincial de las personas con discapacidad-, quienes coordinaron lo que a partir de ahora será un trabajo inter institucional que realizarán de forma consensuada los agentes de Salud, Educación, la Defensa Pública, Ipross, Derechos Humanos, e IPPV, entre otros organismos provinciales y municipales.

Además estuvieron presentes en la primer reunión referentes de diversas instituciones sin fines de lucro ocupadas de los derechos de las personas con discapacidad y del Anses. De la articulación de este trabajo se ocupará especialmente la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa.

“La intención es generar un protocolo que trascienda a los funcionarios de turno, de cualquier tipo de organismo; sentando las bases para que siempre sean atendidas las necesidades de aquellos grupos en los que se conjugan diversas aristas que los ponen en una situación de vulnerabilidad mayor a la del resto de los ciudadanos”, explicó Alice al momento de iniciar este proceso.

“La problemática que tantas veces padecen las personas en situación de discapacidad vuelve absolutamente necesario que, como representantes del Estado, estemos alertas y ocupados en resolver, desde el lugar que cada uno ocupa, las diversas necesidades que tienen”, destacó en tanto la Defensora oficial, Dolores Crespo.

“La creación de sistemas de apoyo se constituye como sostén esencial para asegurar que todas las personas gocen de los derechos humanos fundamentales, en condiciones de igualdad, promoviendo el respeto de su dignidad”, agregó.

La reunión sirvió para que cada uno de los referentes explique cuál es su función específica previendo que la labor individual sea un componente de la atención integral, centrada en aspectos sociales y no, únicamente, en un abordaje médico – jurídico.

“Debemos pensar en una concepción social de la discapacidad y evitar judicializar cuestiones que pueden resolverse a partir de una mera articulación de esfuerzos que como Estado estamos obligados a realizar”, expresó Crespo. Cecilia Donate, Defensora de Menores e Incapaces, agregó que este “es además, un compromiso con la legislación internacional vigente en materia de Derechos Humanos”.

Cabe recordar que desde esta Defensoría no sólo se realiza un control de la legalidad de los procesos sino además, cuando las personas no tienen familiares o allegados, son ellos los responsables de escuchar sus deseos o necesidades y satisfacer el pleno goce de los derechos erigiéndose como articulador de políticas públicas.

En tanto, la Unidad de Defensa de derechos sociales y civiles a cargo de Crespo, brinda asesoramiento jurídico y representa en los procesos judiciales a las personas en situación de discapacidad.

Un próximo encuentro está previsto para el 23 de noviembre.

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