La Comisión Interpoderes se reunió en la Legislatura para evaluar, a 10 meses de su implementación, la Reforma Procesal Penal y para abordar la creación de la Policía Judicial, tras la presentación de un proyecto en ese sentido.
Estuvieron presentes la presidenta de la Comisión, legisladora Tania Lastra, las vocales del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui, el Procurador General Jorge Crespo, en representación del Colegio de Abogados Cirilo Bustamante, el Jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Jara, junto a otros representantes institucionales.
Iniciado el encuentro se abordó brevemente el estado actual de la iniciativa parlamentaria del STJ para la creación de un Procedimiento Penal Juvenil, cuyo contenido ya fuera consensuado en la última reunión de la Comisión.
Luego se trató la implementación del Código Procesal Penal. El representante del Colegio de Abogados presentó una iniciativa para otorgar algunas facultades a los profesionales particulares a la hora de solicitar determinadas medidas de prueba.
También la legisladora Tania Lastra introdujo la posibilidad de modificar el texto de la Ley para clarificar en el texto las incumbencias y los límites de la inmunidad parlamentaria. La jueza Liliana Piccinini explicó los alcances del texto de la Constitución y las normas actuales.
Advirtió, en este sentido, que el artículo en cuestión establece el pedido de desafuero ante la existencia de acusación contra un legislador o funcionario sujeto a juicio político y que ello es incorrecto, porque el desafuero sólo procede ante la necesidad de disponer la detención. De esta manera, no existe la inmunidad de proceso, sino solo de arresto. Esta inmunidad de arresto solo cede ante el delito doloso cometido in fraganti.
Finalmente, se planteó la presentación por parte del legislador Alejandro Marinao de un proyecto de ley para la creación de la Policía Judicial. Se abordó de manera genérica, aún sin el texto específico. En este marco, la jueza Liliana Piccinini recordó que es una manda constitucional vigente desde 1988, pero que con el nuevo sistema acusatorio se vuelve aún más imperiosa su puesta en funcionamiento. Explicó que existen modelos diversos de implementación y abogó por tomar en cuenta los sistemas aplicados por otras jurisdicciones.
Por su parte, el Procurador General Jorge Crespo resaltó la interacción actual entre fiscales y policías, aunque reiteró que es conveniente la implementación de la Policía Judicial cuando estén debidamente alcanzadas las condiciones. Mencionó como uno de los temas claves la cuestión presupuestaria y enfatizó en que es preciso asegurar el funcionamiento del sistema tanto en la transición como en su plena vigencia.
La vocal del STJ, Adriana Zaratiegui, también puso el acento en la cuestión presupuestaria como uno de los elementos clave.
