Ignacio Galiano cuenta por qué está detenido y dice refutar la sentencia

Publicado el: 23 de febrero de 2017 | Por:

Envió un extenso comunicado de prensa a través de la red social Facebook a este medio donde pretende refutar la sentencia que lo llevo tras las rejas. “Estamos frente a una sentencia arbitraria que refutaré en cada uno de sus puntos”.

 

El comunicado completo

La indagación en los diccionarios nos brinda algunas definiciones que nos aproximan al tema. La Real Academia Española dice que lo arbitrario es lo “Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón”.

Y en el fallo que en este acto impugno subyace la decisión de mantener el encarcelamiento a como como dé lugar y se lo hace arbitrariamente, que significa: “libre y facultativamente conforme al dictamen, juicio y arbitrio que uno forma sin precisión a las formalidades del derecho”.

Manuel Ossorio ha definido la arbitrariedad como: “acto, conducta, proceder, contrario a lo justo, razonable o legal, inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno” (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Prólogo de Guillermo Cabanellas. Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1981, p. 63).

Solo así se entienden todos y cada uno de los “aparentes” fundamentos desarrollados en el decisorio cuestionado.

“La arbitrariedad consiste – dice Recasens Siches – pues, en que el poder público con un mero acto de fuerza, salte por encima de lo que es norma o criterio vigente en un caso concreto y singular, sin responder a ninguna regla de carácter general que anule la anterior y la substituya. El mandato arbitrario es aquel que no se funda en un principio general – aplicable a todos los casos análogos – sino que responde a un simple porque sí, en suma a un capricho o antojo que no dimana de un criterio general. En cambio, el mandato jurídico es el fundado en normas o criterios objetivos, de una manera regular, que tienen validez para todos los casos parejos que se presentan” (Alberto Bianchi, “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, en ED, 99-836).

 

De este comprimido recuento de citas, cabe extraer como conclusión inicial, que la arbitrariedad es la negación de lo jurídico y en el desarrollo del presente recurso extraordinario demostraré que nos enfrentamos a una formidable arbitrariedad, a través de la cual se mantiene en detención a una persona insertada socialmente por hechos no solo no probados sino ni siquiera investigados, a tal punto que se los referencia como acaecidos echando mano a dichos de terceros interesados siendo que, de haber ocurrido, debieron ser investigados en encuestas independientes y recién luego de ser acreditados, utilizarse para fundar una cautelar con gravísimas consecuencias como las que nos ocupa (prisión preventiva).

 

No puede sostenerse, cómo lo hace el impugnado decisorio, que de concederse la libertad a Galiano, éste obstaculizará el avance  de  la  pesquisa y/o se pondrá de acuerdo con aquel probable partícipe (Becerra) que aún no ha sido habido.

No existe ninguna posibilidad que Galiano obstaculice la actuación de la justicia y, menos  aún, que se ponga de acuerdo con el único  prófugo, no pudiendo tampoco volverse en su contra la inacción del Estado para su aprehensión.

Al  respecto, el fallo desconoce circunstancias concretas que surgen del propio legajo que dan por  tierra con sus  asertos, a saber:

 

Se ha llegado a esta instancia judicial recortando pretensiones para lograr ingresar en el mundo del recurso extraordinario federal (art. 14 de la ley 48), en cuyo contenido trataré de demostrar que la resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, carece de la fundamentación suficiente que exige la ley, tornándola  por ello arbitraria, condición que quedará reflejada tras el análisis del presente.

En efecto, considero que mi defendido, el Dr. Ignacio Galiano se encuentra injustamente detenido en base a un procesamiento con prisión preventiva, agraviándome por ésta última, pues  su dictado convierte a la resolución en una condena anticipada que puede asimilarse a una sentencia definitiva, sustento necesario para la procedencia formal del recurso extraordinario, pues su efecto directo es privarlo de su libertad, el derecho más excelso protegido, tanto por nuestra Carta Magna como por los tratados que a ella se han incorporado como derecho interno, garantías a las que habré de referirme en los párrafos que siguen.

En las distintas instancias se ha justificado la decisión adoptada por el juez de grado que es auto contradictoria ya que para sostener el encarcelamiento preventivo cita normas que lo restringen.

En el marco de los llamados riesgos procesales, sobre los que se han escrito cataratas de páginas en favor de su achicamiento a la mínima expresión (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación), diariamente nos sorprendemos al analizar fallos que resultan verdaderos prejuzgamientos, aunque se diga por ahí que quienes dictan las medidas coercitivas en todo caso no van a ser los mismos que juzguen a quienes son destinatarios de ellas. Lo digo porque se realizan especulaciones de tal naturaleza, que convierten un simple relato en la letra de una segura condena, evitando pronunciarse sobre una verdad indiscutible: los asertos deben ser probados de manera fehaciente para poder válidamente mantener el encarcelamiento de quien se encuentra solo “sospechado” de la perpetración de algún ilícito. Y no basta con la afirmación dogmática que se utiliza a menudo, aludiendo a “este estadío de la investigación y con el grado de precariedad requerido en la instancia”, pues con ello va dicho, como acabo de afirmarlo, que la discrecionalidad del juez se extiende a límites no bien definidos, lo que caracteriza la arbitrariedad que impetro se decrete por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sentencia que recurro convalida la violación de las garantías constitucionales de igualdad (art. 16 de la C.N.), del debido proceso legal (art. 18 de la C.N. y concordantes), de la defensa en juicio (art. 18 de la C.N. y concordantes) y de la dignidad humana (art. 33 de la C.N., arts. 5, inc. 1º y 11, inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica y concordantes).

En cuanto al alcance de la presente, es menester subrayar que queda todavía más acotada la decisión a tomarse pues uno de los llamados riesgos, no se halla presente, toda vez que la Jueza preopinante en el fallo de la Cámara manifiesta. “En cuanto al riesgo de fuga, es cierto que el doctor Galiano reúne elementos que permitirían en principio acreditar arraigo (domicilio cierto, familia constituida, trabajo, lazos sociales y comerciales en la ciudad); no obstante, se trata de indicadores que dejan subsistentes los datos relativos a la obstaculización de la justicia en su tarea de investigación. Sobre el punto, no puedo caer en la ingenuidad de omitir analizar el tipo de delito investigado, que en sí mismo y de modo indudable implica un atentado a la correcta administración de justicia.”  (El subrayado me pertenece).

Al respecto, a juicio de esta defensa técnica, el párrafo transcripto incurre en un claro prejuzgamiento, puesto que inequívocamente da por sentado que Galiano participó en el evento investigado. Tal mecanismo de análisis está expresamente vedado a los magistrados en cualquier estado del proceso, pues convierte una imputación o sospecha   -que no puede jugar en desmedro del incuso por aplicación del principio de inocencia- en una directa y definitiva presunción de culpabilidad, por hechos pretéritos, que se encuentran en investigación y que deben ser probados, por lo que no pueden ser utilizados como argumento para fundamentar una resolución denegatoria de derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional.

Con relación a las causas obstativas para que Galiano pueda permanecer en libertad, los datos que proporciona la resolución no son objetivos, aunque están mencionados en la cautelar dictada en primera instancia. En primer lugar, la madre de la imputada Vivas pretende hacer decir al Sr. Jacob, algo que esta persona niega (ver fs. 3352/54), y ésta es la base sobre la que se construye un relato falso. No debemos perder de vista que las consideraciones que surgen de su declaración, fueron hechas bajo juramento y ante el magistrado, lo que echa por tierra cualquier otra significación que haya pretendido hacerle dar a sus palabras.

Lo menciono especialmente habida cuenta que tras su declaración se ordena la comparecencia del Dr. Piermarini (fs. 3355/3356), quien afirma que Galiano le pidió que asumiera la defensa de la coimputada Vivas, anunciándole que tenía dinero para afrontar el pago de sus honorarios, que con el dicente no tenía ningún inconveniente, pero que cuando termine todo esto iba a arreglar las cuentas con Mariano Gestoso (hasta el momento defensor de Vivas), interpretando el letrado declarante que tal frase fue claramente intimidatoria hacia Mariano Gestoso.

Esta situación está calificada por el juez instructor -para el dictado de la prisión preventiva- como una amenaza, pese a lo cual no instruye una nueva causa por ese delito contra Galiano, aunque sí lo utiliza como argumento para decretar la detención del mismo. No toma en cuenta que seguidamente en la misma declaración, el Dr. Piermarini asevera que inmediatamente después de la comunicación mantenida con el imputado, llamó al Dr. Gestoso y lo puso en antecedentes de lo conversado. Y allí no termina el entuerto, pues a requerimiento de la señora Fiscal, manifiesta que luego de que Gestoso dejara la defensa de Vivas, le preguntó si había sido por el tenor de la conversación mantenida (las pretensas amenazas), y le contestó que no, que fue por otros motivos.

Ello aclara sobradamente que estamos en presencia de la utilización de argumentos que no se compadecen estrictamente con la realidad acontecida, sino que se los empleó en perjuicio de mi defendido para darle sustento a una cerrada negativa en mantener su libertad vigente.

En efecto, el Dr. Piermarini “interpreta” que la conversación mantenida con Galiano contenía una amenaza, pero en rigor, de su declaración no surge en ningún momento la misma. Y, en todo caso, la apreciación debe correr por cuenta del juez, pero valiéndose de manifestaciones claras y precisas, cosa que no ocurrió en la oportunidad.

Sumado a lo dicho, quien resultó presunta víctima (aunque por vía indirecta) de las expresiones de Galiano fue el propio Gestoso ( fs. 336), quien manifestó haber llamado directamente al imputado, requiriéndole explicaciones sobre lo dicho a Piermarini sobre su persona,  y que éste llorando le dijo que estaba muy nervioso y le pidió perdón. Tan es así, que evidentemente no le dio trascendencia al asunto y, por ello, no inició ninguna acción en su contra y dio por terminado el suceso en ese instante.

Sin embargo, en la prisión preventiva, en su confirmación por la Cámara y finalmente en la resolución que por este medio recurro, pese a ser dichos de dichos, lo toman como un hecho concreto y lo utilizan como apoyo para sostener la negativa a la permanencia en libertad de mi defendido, dándole al hecho una entidad que no posee, porque tanto el Dr. Piermarini como el propio Dr. Gestoso, afirman categóricamente que no dejó la defensa de la imputada Vivas como corolario de la presunta intimidación o amenaza.

Es más, no fueron precisos respecto del contenido de la misma, por cuanto Piermarini dijo que mi asistido le había referido “cuando esto termine ya voy a arreglar cuentas con Gestoso” y éste, a su vez, dijo algo así como “cuando salga se la voy a poner”, lo que -como dije- motivó que lo llamara en ese momento y aclarara debidamente el hecho.

El art. 149 bis del Código Penal alude al amedrentamiento para lograr que la víctima de la amenaza adopte una conducta contraria a lo que hubiese hecho si no se hubiese visto compelido a hacerlo (en el caso que nos ocupa, dejar la defensa de Vivas). Sin embargo, el propio Gestoso, no sólo no sintió ningún tipo de presión por el asunto, pues tomó el teléfono y directamente le inquirió a Galiano qué había manifestado, sino que -además- frente al requerimiento orientado a saber si tal hecho lo había hecho tomar la decisión de apartarse de la defensa en la causa, claramente dijo que no, que fue por otros motivos. Por tales consideraciones, entiendo que el motivo que representaría un obstáculo para la concesión de la libertad de mi asistido, debería ser desechado.

Párrafo aparte merece la consideración efectuada por el Sr. Presidente del Colegio de Abogados de Viedma, Dr. Guillermo Ceballos (fs. 3402), que temerariamente efectúa una denuncia de presunción de peligro de fuga con relación al Dr. Galiano, el que -según sus dichos- “estaría planificando fugarse de la ciudad con posible destino Brasil”, reservándose la fuente a fin de resguardar la integridad personal de quien suministró la información. Lo expreso porque la pretendida reserva no la realiza ante un tercero, o un periodista, sino ante el magistrado que entiende en la causa, a quien tiene la obligación legal de revelarle la identidad de aquél que habría efectuado el comentario, pues, en caso contrario, cualquiera podría, utilizando este mecanismo vil, aportar datos falsos para comprometer la libertad o el honor de otra persona impunemente.

Lo grave del suceso es que fue utilizado como argumento para fundar el peligro procesal de peligro de fuga, pero como surge del relato antes transcripto, resultan todos elementos que chocan con la realidad. No emana de los reseñados ningún hecho que modifique la situación de la que gozaba mi defendido y, por ello, se torna absolutamente arbitraria la detención que se ordena, sin siquiera efectuar alguna consideración que pueda estimarse seria, o con la objetiva motivación que pueda tener virtualidad suficiente como para apresar a mi pupilo.

Y, a su vez, no debe pasarse por  alto, que el juez dispone de todos los mecanismos para garantizarle la protección que el testigo pueda requerir tras brindar de primera mano una notitia criminis, que debidamente registrada, puede servir como el principio de una nueva investigación criminal por otro delito que puede endilgársele a mi defendido.

De los motivos que informan la resolución atacada resulta clara la confusión a la que se induce al Tribunal Superior, mediante la errónea interpretación que se otorga a los elementos antes detallados, que conforman un cuadro que indiscutiblemente tiñe de arbitrariedad a la sentencia dictada que hoy por esta vía impugno.

Todas las circunstancias descriptas que, según las diversas instancias por las que atravesó esta singular imputación, conforman un cuadro que obsta a la libertad ambulatoria de quien represento, si son debidamente explicadas, entiendo no queda sustancia para emplearlas como argumento para denegar tal derecho a Galiano, como a cualquier otro ciudadano, en tanto tramita el proceso y hasta que una sentencia firme declare su culpabilidad en los hechos enrostrados.

El motivo del presente es la inobservancia de la doctrina jurisprudencial elaborada por la CSJN en torno al instituto de la prisión preventiva y la errónea aplicación de un precepto legal, pues el resolutorio no se sustenta en los elementos probatorios del expediente de marras.

Asimismo la resolución deviene arbitraria por no efectuar una análisis de los agravios expuestos por mi parte y, por ello, resulta violatoria de las reglas del debido proceso y la defensa en juicio.

Cabe recordar que si bien las cuestiones fácticas y de derecho común no son, en principio, susceptibles de revisión por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a tal premisa cuando la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas en la causa (CSJN, Gómez, Alicia Gabriela c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/accidente -acción civil, 25/10/2016)

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