En la última sesión ordinaria la mayoría de los integrantes del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste se expresaron acerca de la causa judicial en la que el intendente Luis Ojeda aparece imputado por corrupción de menores, junto al legislador Javier Iud.
Al iniciarse el encuentro el concejal José María Clemant (AFG) pidió apartarse del orden del día –mecanismo establecido en el Reglamento Interno-, y propuso que los miembros del cuerpo se manifestasen respecto al escenario institucional en que se encuentra el municipio.
Acordaron que los contenidos de las apreciaciones serán trasladados a una nota que le enviarán al jefe comunal.
Clemant, en primer lugar, destacó la prudencia con que el Deliberante se manejó ante este tema y resaltó que nunca se evaluó pedir la destitución del jefe comunal. Resaltó que la Carta Orgánica es clara en este aspecto, y que especifica que un funcionario debe dejar su lugar cuando recibe una condena judicial. Opinó que Ojeda debe actuar de acuerdo a lo que dicte su conciencia, pero le requirió reflexionar y un gesto político hacia la sociedad.
El radical Diego Colantonio también valoró la cautela con que reaccionó el Concejo, y que en lo personal no tiene intenciones políticas ante un tema tan delicado. Coincidió en cuanto a lo requiere la Carta Orgánica ante un proceso de remoción. Opinó que en su lugar tomaría licencia durante el tiempo que dure la investigación para preparar su defensa. Sostuvo que el intendente debe estar al 100 por ciento de sus facultades mentales y físicas para ejercer el cargo.
Por su parte Luis Esquivel, presidente del Deliberante- también coincidió en cuanto a la cautela del cuerpo, y en lo que expresa la Carta Orgánica para estos casos.
El mismo proceder -mencionó al igual que Clemant-, se tomó en el caso Nico Gutierre, cuya familia pedía la remoción de Nicolás Murgiondo, titular de Inspección General, pero el Deliberante no se pronunció hasta que quedó formalmente imputado. Esquivel aclaró que “no podemos quedarnos callados en esta situación porque es la sociedad la que nos está interpelando”.
Recordó que en marzo de 2017 el Concejo aprobó por unanimidad una Comunicación en la que solicitaban al vicegobernador Pedro Pesatti el apartamiento del legislador Rubén López, denunciado en ese momento también por un delito sexual.
Es una decisión personalísima del intendente, subrayó, pero opinó que la sociedad necesita un gesto, y que en un escenario de este tipo y la gravedad de la acusación, sería conveniente que el intendente se aparte hasta que se resuelva la causa.
A su turno, Ayelén Spósito (FPV), consideró que Ojeda debe tomarse licencia. Lo conversó con él, refirió. Admitió que el tema le generó diferencias internas. Desmintió un intento de destitución y subrayó que ha mantenido una firme defensa de la gestión de gobierno.
También ponderó que resguarda los derechos de la mujer. Asintió que impulsó el pedido para sacarle la banca a Rubén López, y que mantiene la misma postura, y que actúa de la misma manera que en el caso del ex legislador. Sostuvo que, desde su punto de vista, en cuestiones de imputaciones los partidos políticos quedan en un plano posterior, aunque quede involucrado un allegado. Abogó por que la Justicia actúe con eficacia y rapidez.
El concejal Alejandro Railefe (JSRN) dijo, tras leer un comunicado que su partido emitió en octubre del año pasado, que la Carta Orgánica expresa que hasta que no surja una condena firme el Deliberante no puede proceder. De todos modos, añadió que eso no impide emitir opinión.
Recalcó que considera que es un hecho gravísimo, y que creería que la templanza de un funcionario, más de la categoría de un intendente, no estaría a la altura. También aclaró que nunca hubo intención de pedir la renuncia de Ojeda, y a modo de chanza dijo que su partido lo sacará del cargo en las urnas.
Jorge Sánchez Pino (FPV), manifestó que acompañará la decisión que tome Ojeda. Tanto si toma licencia como si opta por no usufructuarla.
Finalmente, Fabrio Mirano (FPV), acordó con lo dicho acerca de los expresado en la Carta Orgánica y el requerimiento de una sentencia para apartar a un funcionario.
