Comunicado de prensa de las mujeres organizadas de la Comarca

Publicado el: 30 de marzo de 2017 | Por:

Las Mujeres Organizadas de la Comarca explicitamos nuestra preocupación ante  las declaraciones de la Sra. Presidenta del Consejo Provincial de la Mujer (Prof. Laura Azanza), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro. Los dichos referidos han trascendido en distintos medios de comunicación y aludían a un hecho de violencia de género que tuvo lugar en nuestra Comarca, dando respuesta a las y los Concejales de nuestra ciudad, que solicitaban su intervención.   

Consideramos que la respuesta de la funcionaria significa un claro desentendimiento de las responsabilidades que le compete al organismo que preside, en tanto que manifiesta su decisión de no intervenir en la situación planteada. De esta manera, refiere que: “La Sra. De referencia  y víctima de los hechos ocurridos, es mayor de edad y tomando en cuenta que el Consejo de la Mujer, a partir de leyes vigentes, no trabaja de manera coercitiva en la decisión de la denuncia, finaliza la intervención del equipo”. Esta aseveración carece de sustento normativo y ético. Al respecto señalamos:

  • Sobre la intervención con mujeres mayores de edad: Ninguno de los marcos normativos vigentes con perspectiva de género (Ley Provincial Nº 3.040, Ley de creación del Consejo Provincial de la Mujer Nº 3.095 y Ley Nacional 26.485) explicitan en sus articulados que la población destinataria del CPM debe ser mayor de edad. Y en todo caso, si así fuera y respondiendo a las responsabilidades que le compete al organismo, en tanto ejecutor de la política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género,    tiene la obligación y el deber de articular con programas y/o organismos provinciales y/o nacionales que puedan acompañarla en el proceso.
  • Sobre la supuesta “coerción” que implicaría “actuar de oficio” en una situación de violencia, señalamos que los marcos normativos y nuestra Ley provincial 3.040 explicitan que en tanto funcionarios/as públicos/as, tienen el DEBER de denunciar cuando toman conocimiento de una situación de violencia. De no hacerlo están incumpliendo con sus deberes de funcionarios/as públicos/as.

En el Capítulo III referente al  Procedimiento Judicial. Artículo 18.- de nuestra Ley 3.040, se explicita que tienen la “OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR. Los/as agentes, profesionales, técnicos/as y funcionarios/as de las áreas de familia, salud y educación que presten servicios en establecimientos públicos o privados, que en relación al ejercicio de sus funciones específicas o su relación especial con la víctima hayan tomado conocimiento de hechos de violencia, están obligados a denunciar estos hechos ante autoridad competente quedando liberados del secreto profesional a ese efecto. Además tiene la obligación de informar sobre los recursos legales que cuentan las personas víctimas de violencia”. Es preocupante e inadmisible, que el equipo del CPM no muestre un accionar acorde a las leyes con las que contamos en nuestra provincia y país en materia de protección integral a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia. Además de nuestra Ley provincial, la legislación nacional (Nº 26.485) también es muy clara al respecto. En el Capítulo Nº 1 correspondiente a las Disposiciones Generales, se explicita en el artículo Nº 18: “Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito”.

Este último aspecto es trascendental: “Aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito” ¿Por qué es tan importante? Así como queda claro en la Ley Nacional, nuestra Ley 3.040 también explicita que la denuncia “se presume de buena fe” lo que significa que quien se acerca a radicar la denuncia NO NECESITA PRUEBA ALGUNA DE LO QUE ESTÁ DENUNCIANDO para poder efectuar la denuncia. Será posteriormente durante la sustanciación del proceso, que profesionales idóneos y jueces resolverán las mejores formas de intervenir en la situación planteada. El Consejo Provincial de la Mujer, en tanto organismo proteccional y generador de políticas públicas que deberían garantizar la integridad de las mujeres, de ninguna manera puede plantear que se trata de un “accidente” o que no se intervendrá más porque necesitan “voluntad” por parte de la mujer en situación de violencia. Nos preguntamos entonces ¿En qué lugar quedan las políticas vinculadas a la articulación, prevención y acompañamientos interdisciplinares?

Sabemos con claridad que las mujeres en situación de violencia no cuentan en la mayoría de los casos con esa “voluntad” que se menciona. En general asisten atemorizadas, sin recursos económicos, con hijos e hijas pequeños/as y pensando que no tienen posibilidad alguna de modificar su situación. No cuentan ni si quiera con el apoyo del Estado para efectuar (y en muchas ocasiones sostener) las denuncias correspondientes. Justamente, organismos tales como el CPM son aquellos que deben ocuparse de empoderar y resguardar a las mujeres para que sientan seguridad y logren efectuar las denuncias, garantizando con acompañamientos profesionales, la seguridad e integridad de las mujeres rionegrinas y sus hijos e hijas, sea con o sin denuncia.

La gravedad de estas declaraciones, es el mensaje que se transmite a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia y aun no se animaban a solicitar ayuda o denunciar. Con claridad se les está diciendo que el Estado no puede hacer nada por ellas, desconociendo la mirada integral que tienen las políticas públicas con perspectiva de género.

Señalamos también con preocupación la mención a “los únicos dispositivos con los que cuenta la ciudad de Viedma”. El adjetivo muestra despreocupación de este gobierno por el desarrollo de políticas de género. En la ciudad no existen Centros de Atención Integral o refugios para mujeres, a pesar de estar definidos en el marco de las políticas públicas y de los insistentes reclamos que se vienen realizando desde las organizaciones de mujeres de toda la provincia.

Desde nuestro espacio de militancia a favor de la plena aplicación de las leyes vigentes y de la implementación urgente de políticas activas, sostenidas e integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, denunciamos la desprotección que padecen las mujeres de nuestra ciudad y la falta de responsabilidad de los/as funcionarios/as del Estado que no dan respuestas o las dan en forma inadecuada.

Seguiremos trabajando en pos de que todas y cada una de las mujeres de nuestra provincia se empodere respecto a los derechos otorgados.

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