El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven acusándolo del crimen de David Isaac Martinez de 15 años de edad y solicitó la prisión preventiva. Otro joven fue acusado por amenazar a los allegados de la víctima fatal.
El hecho sucedió el domingo 27 de diciembre, alrededor de la una de la madrugada, tras una pelea a golpes entre dos grupos entre la que participaron tanto la víctima como el imputado. En esas circunstancias, el acusado habría lesionado con un elemento punzante – presumiblemente un cuchillo tipo “tramontina”- en la zona del pectoral izquierdo del tórax, provocando la muerte del adolescente pocos minutos después.
Además, el Ministerio Público acusó a un segundo joven que también participó de la gresca por amenazar con un arma de fuego a los amigos de la víctima. Según indicaron los acusados en la audiencia el joven habría abandonado el lugar advirtiendo que iría a buscar un arma, para posteriormente volver con la misma y vociferar amenazas a los posibles testigos que permanecían escondidos en pastizales de la zona.
La calificación legal del caso es homicidio en carácter de autor para uno de los hombres y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma para el imputado que buscó amendrentar a los allegados de la víctima.
Entre las principales evidencias recolectadas hasta el momento se encuentra la declaración de numerosos testigos presenciales del hecho y de otras personas que se hallaron en momentos anteriores a la pelea, sumado al informe preliminar de autopsia que indicó que la causal de la muerte fueron las lesiones provocadas con un cuchillo. El legajo se completa con las declaraciones de la médica del hospital de Fernández Oro que atendió en un primer momento a la víctima fatal, las de los integrantes de la policía de Río Negro que integran la Comisaría 26º de Fernández Oro, la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de Cipolletti.
Los fiscales también adelantaron que se realizarán pericias de ADN que buscarán determinar si hay presencia del perfil genético en una campera que presumiblemente utilizaba el autor del crimen al momento del ataque. La misma fue secuestrada en el marco de un allanamiento en la vivienda del mismo y se encontraba en un fuentón remojado con agua.
El defensor oficial que asistió a los acusados se opuso a formulación de cargos en cuanto a los hechos imputados y la calificación legal. Sostuvo que faltaban precisiones respecto del origen de la pelea que culminó en el crimen y que la situación podría encuadrar en supuestos de legítima defensa, de exceso en la legítima defensa o de homicidio en riña. Para lo anterior, citó declaraciones recibidas la noche del crimen y sostuvo que fue el grupo al que pertenecía la víctima fatal quien inició la agresión.
La Jueza de Garantías que dirigió la audiencia resolvió tener por formulados los cargos según los términos expuestos por la fiscalía explicando que se estaba en una etapa inicial del proceso, que existian dos teorías del caso distintas y que no era esta la etapa en la cual se debían analizar y valorar las evidencias reunidas siendo esto propio de las etapas del control de acusación y del juicio.
En cuanto a las medidas cautelares, los representantes del Ministerio Público consideraron que en caso de recuperar la libertad, el acusado como autor material del crimen podría intentar entorpecer el normal avance de la investigación. Por lo anterior, solicitaron la prisión preventiva del mismo. En cuanto al segundo acusado, requirieron la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto contra las víctimas y que se disponga el seguimiento satelital del mismo mediante un dispositivo GPS, aclarando que en su caso no podían solicitar la prisión preventiva porque la pena a aplicar por el delito del cual se lo acusa admitiría penas de prisión condicional.
La defensa se opuso al dictado de la preventiva y solicitó una detención morigerada mediante la modalidad domiciliaria.
La magistrada hizo lugar al planteo de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva del acusado como autor material del crimen por el plazo que dure la investigación preliminar y las prohibiciones de acercamiento respecto del imputado por amenazas respecto de los testigos del caso, así como también el segumiento mediante dispositivo electrónico del mismo.
